Que estén dentro del 20% más vulnerable de la población, según la clasificación
socioeconómica del Registro Social de Hogar

Que tengan residencia continua en el país de, a lo menos, tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud

Resolución aprobada por la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez (COMPIN)

Que no tengan previsión social, ni tampoco que estén recibiendo algún tipo de subsidio