El interés superior del niño(a) es un principio fundamental en nuestra legislación. En virtud de este principio, 
el Estado tiene la obligación de resguardar el derecho de ellos de beneficiarse de las prestaciones sociales y 
adoptar las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Convención sobre los derechos del niño(a). De esta forma el Estado se 
constituye en garante de los derechos del niño(a)