El interés superior del niño(a) es un principio fundamental en nuestra legislación. En virtud
de este principio, el Estado tiene la obligación de resguardar el derecho de ellos de
beneficiarse de las prestaciones sociales y adoptar las medidas necesarias para lograr la
plena realización de este derecho, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la
convención sobre los derechos del niño(a).
De esta forma el Estado se constituye en garante de los derechos del niño(a)