En virtud del principio de interés superior del niño, niña y adolescente, el Estado, como
garante de los derechos de aquéllos, tiene la obligación de resguardar su derecho a ser
beneficiarios/as de las prestaciones sociales otorgadas por éste, y la de adoptar las medidas
necesarias para lograr la plena realización de este derecho, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 26 de la Convención sobre los derechos del niño, niña y adolescente